lunes, 3 de febrero de 2020

Pazo de Meirás

La imagen puede contener: texto que dice "Recuperar PAZO DE MEIRÁS para pobo galego en PODEMOS"
IU prepara una Asamblea de unidad en torno a Alberto Garzón                




El secretario de Organización de IU, Ismael González, y el coordinador general, Alberto Garzón, en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Alberto Garzón llegó al escaño en diciembre de 2011 porque IU necesitaba un guiño al 15M. La irrupción de Podemos en 2014 dejó a la organización de Cayo Lara al borde de la desaparición, que se salvó con una campaña el 20D encabezada por el propio Garzón. Seis meses después, llegaba a la coordinación en una Asamblea en la que superó a las candidaturas apoyadas por el propio Lara y Gaspar Llamazares, dos excoordinadores: hoy Llamazares está fuera de IU y Lara, apartado de la primera línea política.
 
La situación en IU ahora es diferente a la de 2016. Se ha superado el riesgo de la desaparición, pero tampoco parece haberse logrado la ambición de la superación de IU y la conformación de un nuevo bloque político y social. Sin embargo, el liderazgo de Garzón, ministro de Consumo, es aún más claro que entonces en un momento en el que el PCE ha vuelto al Gobierno después de ocho décadas.
"Estamos viendo que después de 3 o 4 años duros en procesos electorales, de una incertidumbre política enorme, con una IU que había sobrevivido en 2015, todos los procesos de unidad popular, los ayuntamientos del cambio, todos esos procesos han pasado y ahora hay un clima positivo para una asamblea con un gran acuerdo político, con un marco", explica el secretario de Organización de IU, Ismael González. 
 
Si en 2016 un elemento de tensión era la confluencia con Podemos, discutida por los afines a Lara y Llamazares, "en esta fase la confluencia no está en cuestión", explica González. "Como herramienta de mejora para las familias trabajadoras, la unidad puede conseguir victorias y mejorar las condiciones de vida de la gente. La unidad no está tan en cuestión. La gente sigue apostando por una IU fuerte dentro de Unidas Podemos fuerte. Seguir fortaleciendo IU para fortalecer UP. Que podamos tejer redes, mejorar la unidad, los cauces de participación y reforzar las organizaciones", añade. 
Sin embargo, hace cuatro años se dibujaba un horizonte de algún tipo de unidad orgánica con Podemos que no se ha producido: "No hay horizonte de unidad orgánica con el resto de actores. Hay una coalición de ámbito electoral con potencialidad y elementos que mejorar en cuanto a la participación y los cauces democráticos.  Anguita lo decía el otro día en eldiario.es. No tenemos miedo al debate, unidad orgánica, frente amplio... es necesario un proceso unitario, no hay límite en
el debate. Es verdad que no se está planteando la unidad orgánica".
 
El próximo 22 de febrero, en la Asamblea Política y Social, se hará la convocatoria formal de la Asamblea, que "se tendrá que celebrar a partir de tres meses después, entre el 5 de junio y el segundo fin de semana de junio".
 
Así las cosas, la Asamblea se presenta con la posibilidad de una lista única, algo que no pasaba desde la que ganó Cayo Lara, en diciembre de 2012: "Habrá un proceso en el que participa la pluralidad de IU con las federaciones, los partidos... con una mesa para trabajar el documento y la lista de la candidatura", explica González. 
 
Hace dos años el PCE, principal partido de IU, eligió secretario general a Enrique Santiago, abogado de larga trayectoria de lucha por los derechos humanos, contra la corrupción, firme defensor de la confluencia con Podemos, interlocutor en los acuerdos para el Gobierno de coalición y ahora portavoz adjunto Unidas Podemos en el Congreso: "Hay sintonía una total sintonía entre Alberto y Enrique, entre las personas que lideran tanto en el gobierno como en la institución y organización. Hay gran entendimiento. Hay trabajo asentado con el PCE y el conjunto de partidos, ha sido la dirección que más ha respetado a los partidos. La relación de Alberto y Enrique es fuerte y buena, tienen que compaginar el trabajo del Consejo de Ministros con la institución".
 
Así, la Asamblea no sólo se presenta de unidad, sino de unidad en torno a un liderazgo que nadie cuestiona, el de Alberto Garzón: "Veo Alberto con ganas y con mucha fuerza para el nuevo periodo. Decían que era el coordinador que iba a disolver a IU, y la ha llegado a reflotar y ubicarla en el Gobierno del país. Es una decisión personal que hay que valorar, pero está fuerte y tiene ganas".
¿Debe buscar IU un perfil propio en el Consejo de Ministros al margen de Unidas Podemos? "Hay que hacer como en las candidaturas municipalistas: primero es gobernar para el conjunto del país. Lo que tienen que hacer los ministros de Unidas Podemos y de IU es ser un referente de trabajo y político. Con eso es suficiente. Aunque es obvio que el hecho de que Alberto sea ministro, visibiliza que está IU en el Gobierno. Ahora toca trabajar y no tanto mirar a las organizaciones o si se sale más o menos en la tele", explica el secretario de Organización de IU.
 
¿Cómo repercutirá en IU como organización estar en el Gobierno? "El de IU era un papel de organización resistente, de dignidad de la izquierda, de los trabajadores y trabajadoras.  La organización tiene que aprender a ser gobierno, priorizar sus objetivos. No tiene sentido discutir de pequeñas cuitas internas cuando está en riesgo conseguir mejoras como el SMI, la revalorización de las pensiones con el IPC, los alquileres, casas de apuestas... etc... Esos retos hacen que prioricemos objetivos. Es importante adaptar la organización, y debatir de lo que interesa al país, hay que entender cómo participamos del gobierno, como la militancia sostiene el esfuerzo del gobierno".
 
¿Qué plantean para reforzar la organización? "Conexión de la sociedad en la calle y reforzar la organización, podemos tener problemas. El Gobierno ha de funcionar, y hay que tener apoyo social, ampliar la base social y hacerla más sólida. Es a lo que me tengo que dedicar".
 
Una participación en el Gobierno que generaba dudas en la dirección de IU, pero que fue refrendada muy mayoritariamente por la militancia en las diferentes consultas: "La experiencia en Andalucía también ha marcado a la militancia. La primera consulta no estaba claro que fuera a estar IU en el Gobierno, la primera vez fue el 70% con menos participación de la segunda, en la que ya estaba IU.
 
Ahí vimos que los temores de la dirección no eran las mismas que las de la militancia. Lo tenían más claro, lo entendían como un proceso imprescindible, ilusionante, útil para cambiar la vida de las personas.  El segundo referéndum fue por más del 75%. Eso nos hizo reflexionar y entender que había que aprender de los cambios que había en este país.  Tiene que ver con el fin del bipartidismo, lo que salió de la Transición. La pluralidad política actual también nos ha enseñado a nosotros. Y la ciudadanía vota para que incidamos en las realidades concretas".

 



 

domingo, 2 de febrero de 2020

Cincuenta euros


O salario mínimo interprofesional (SMI) acaba de alcanzar un récord histórico. É ben certo que moitas defendemos que a mellora na súa contía debe seguir revisándose; con todo, só un necio podería afirmar que conseguir unha suba dun 29 % en cuestión de dous anos non é un triunfo para unha grande maioría da masa asalariada. Desde que Unidas Podemos-En Común pactou co Goberno socialista a primeira suba aos 900 euros ata os 950 de hoxe sumamos 214 euros de incremento ao mes nas percepcións das persoas cos salarios máis baixos. Isto é, a medida impacta directamente nunha mellora para os petos dunha grande maioría de traballadoras e traballadores.
Se atendemos á realidade galega, a ninguén pode escaparlle que esta medida ten moita máis incidencia que na maioría dos territorios do Estado. O salario medio galego sitúase arredor dos 2.000 euros, por debaixo da media española. Medio millóns de galegas e galegos cobran menos de 1.000 euros ao mes.

Ben é certo que unha porcentaxe nada desprezable padece unha enorme precariedade con xornadas parciais involuntarias, pero tamén é verdade que moitas desas xornadas parciais sono en empregos cuxa base salarial é a do SMI, polo que proporcionalmente tamén verían melloradas as súas retribucións. O SMI é, por tanto, o principal instrumento público para combater a desigualdade salarial e a pobreza laboral, un instrumento de combate contra a fenda de xénero e, por suposto, os miserentos salarios das persoas mozas no noso país.
 
Non somos inxenuas ante a realidade das e dos traballadores pobres: hai, por suposto, moitas máis medidas que tomar, ademais da suba do salario mínimo. Pero permitámonos valorar as consecuencias na vida real da súa aplicación.
 
Porque aqueles que cuestionan o impacto que os 50 euros ao mes da última subida poden ter para un traballador ou para unha familia pode que, para a súa fortuna, nunca se atoparan en situación de vulnerabilidade económica. E pode que, en pleno mes de xaneiro, obvien a realidade do medio millón de persoas pobres en Galicia, das que a metade delas non poden nin pagar o recibo da luz.
 
A media da factura eléctrica no Estado ascendeu no 2019 a 71,15 euros mensuais. Así que, por favor, antes de desprezar os 50 euros ao mes sería necesario poñerse nos zapatos de quen apaga a neveira por non poder facer fronte á factura da luz. No 2020 as galegas e os galegos temos unha nova cita electoral, desta vez para escoller o futuro de Galicia. O camiño para devolver un pouco do espoliado ás máis febles deste país debe continuar. E, de seguro, as nosas propostas en materia de emprego van ser a clave para mudar a realidade de moitas galegas e galegos. Traballemos, pois, en tódalas frontes nas que ata o de agora a dereita só serviu para seguir facendo ás galegas e aos galegos máis pobres que a media do Estado. Acabamos de amosar que sabemos como.
Por  Eva Solla Vicepresidenta segunda do Parlamento de Galicia e coordinadora de Esquerda Unida
A coordinadora nacional de Esquerda Unida e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, Eva Solla Fernández, escribe na Voz de Galicia sobre a suba do salario mínimo a 950 euros.

👉 "A media da factura eléctrica no Estado ascendeu no 2019 a 71,15 euros mensuais. Así que, por favor, antes de desprezar os 50 euros ao mes, sería necesario poñerse nos zapatos de quen apaga a neveira por non poder facer fronte á factura da luz", di Solla.
 

Cincuenta euros

La Voz de Galicia            


O salario mínimo interprofesional (SMI) acaba de alcanzar un récord histórico. É ben certo que moitas defendemos que a mellora na súa contía debe seguir revisándose; con todo, só un necio podería afirmar que conseguir unha suba dun 29 % en cuestión de dous anos non é un triunfo para unha grande maioría da masa asalariada. Desde que Unidas Podemos-En Común pactou co Goberno socialista a primeira suba aos 900 euros ata os 950 de hoxe sumamos 214 euros de incremento ao mes nas percepcións das persoas cos salarios máis baixos. Isto é, a medida impacta directamente nunha mellora para os petos dunha grande maioría de traballadoras e traballadores.
Se atendemos á realidade galega, a ninguén pode escaparlle que esta medida ten moita máis incidencia que na maioría dos territorios do Estado. O salario medio galego sitúase arredor dos 2.000 euros, por debaixo da media española. Medio millóns de galegas e galegos cobran menos de 1.000 euros ao mes.
 
Ben é certo que unha porcentaxe nada desprezable padece unha enorme precariedade con xornadas parciais involuntarias, pero tamén é verdade que moitas desas xornadas parciais sono en empregos cuxa base salarial é a do SMI, polo que proporcionalmente tamén verían melloradas as súas retribucións. O SMI é, por tanto, o principal instrumento público para combater a desigualdade salarial e a pobreza laboral, un instrumento de combate contra a fenda de xénero e, por suposto, os miserentos salarios das persoas mozas no noso país.
 
Non somos inxenuas ante a realidade das e dos traballadores pobres: hai, por suposto, moitas máis medidas que tomar, ademais da suba do salario mínimo. Pero permitámonos valorar as consecuencias na vida real da súa aplicación.
Porque aqueles que cuestionan o impacto que os 50 euros ao mes da última subida poden ter para un traballador ou para unha familia pode que, para a súa fortuna, nunca se atoparan en situación de vulnerabilidade económica. E pode que, en pleno mes de xaneiro, obvien a realidade do medio millón de persoas pobres en Galicia, das que a metade delas non poden nin pagar o recibo da luz.
A media da factura eléctrica no Estado ascendeu no 2019 a 71,15 euros mensuais. Así que, por favor, antes de desprezar os 50 euros ao mes sería necesario poñerse nos zapatos de quen apaga a neveira por non poder facer fronte á factura da luz. No 2020 as galegas e os galegos temos unha nova cita electoral, desta vez para escoller o futuro de Galicia. O camiño para devolver un pouco do espoliado ás máis febles deste país debe continuar. E, de seguro, as nosas propostas en materia de emprego van ser a clave para mudar a realidade de moitas galegas e galegos. Traballemos, pois, en tódalas frontes nas que ata o de agora a dereita só serviu para seguir facendo ás galegas e aos galegos máis pobres que a media do Estado. Acabamos de amosar que sabemos como
 
PorEva Solla Vicepresidenta segunda do Parlamento de Galicia e coordinadora de Esquerda Unida

 
La asociación cultural: "El Ayuntamiento recepcionó el pabellón de Anceis ya cerrado"

"Avisamos de que tenía que ser cerrado para no perder el dinero y el Concello nos dijo que no se podía, que bajo nuestra responsabilidad", asegura el vicepresidente Cultural e de Ocio San Antonio

01.02.2020 | 23:12
Vista del pabellón de Anceis, esta semana.
El vicepresidente de la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis (ACOA), Javier Mejuto, asegura que "el Ayuntamiento recepcionó el pabellón cuando ya estaba cerrado, con puertas y tabiques; la obra tal cual está ahora". El representante de la entidad que consiguió la financiación de Amancio Ortega para el recinto afirma que, tras ejecutarse la pista cubierta, el proyecto autorizado, avisó al Concello de que "tenía que ser cerrado o nada, para no perder el dinero" y asegura que los representantes municipales le dijeron "que no se podía, que si lo hacíamos sería bajo nuestra responsabilidad".

"Después ya vino toda esta historia política", comenta, en referencia a las advertencias sobre "irregularidades y supuestas ilegalidades" que manifestaron los grupos de la oposición, que este jueves votaron en contra del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para "legalizar" la construcción „recepcionada por el Ayuntamiento en 2017„, como explicó el Gobierno local „Unión por Cambre y PSOE„, que tumbó las peticiones de dejar el punto sobre la mesa y lo aprobó en solitario.
"Nosotros no hicimos nada a escondidas", sostiene el vicepresidente, aunque admite que ejecutaron el cierre ilegal tras informarles el Ayuntamiento de que no se podía. "El alcalde nos dijo que estaba pendiente de la Xunta. Y dijo: 'No puedo, porque me anda revolviendo la de EU y no me voy a coger las manos", cuenta Mejuto. Asegura que "las fotos son un montaje", en referencia a las imágenes que muestran una pista y evitan recoger el pabellón existente en los documentos presentados por el Ayuntamiento para la tramitación de la obra, en los cuales no figura la construcción cerrada, como denunciaron en pleno los grupos de la oposición y el presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien al día siguiente del pleno anunció en rueda de prensa que llevaría el asunto a Fiscalía y a los tribunales por vía penal.

Los grupos municipales de la oposición cambresa prevén también reunirse la próxima semana para estudiar las acciones legales que emprenderán por sospechar de ilegalidades y de "falsedad documental", y tras las declaraciones del concejal de Urbanismo y alcalde accidental en la última sesión plenaria, Juan González Leirós, que había afirmado, a través de su gabinete de prensa, que "la pista polideportiva y el techo cuentan con autorización del Concello, pero el cierre es ilegal; por esa razón es necesario aprobar el plan especial". "La parte legalizada ya está recepcionada, el exterior no", añadió, en contraposición a lo que ahora asegura el vicepresidente de ACOA.

Leirós, sin embargo, se contradijo al día siguiente en el pleno. "Los periódicos no mienten, pero interpretan. No es que el pabellón sea ilegal, es que no tiene licencia", afirmó, minutos antes de aprobar el plan especial para convertir en suelo dotacional el terreno rústico sobre el que se ejecutó el pabellón y así "legalizarlo", término que el propio concejal, arquitecto de profesión, utilizó en varias ocasiones en la sesión plenaria.

Mejuto asegura que "la asociación está al margen de toda la discusión política". Critica que, de los partidos cambreses, solo EU celebró un encuentro para explicar la situación. "El único que hizo reuniones fue el alcalde", asegura el vicepresidente.

La información centró otra de las críticas de la oposición al Gobierno local. Los grupos reprocharon que intentaron sin éxito en varias ocasiones conocer el estado y el expediente del pabellón, que lleva cerrado desde 2017 a falta del plan especial.

IU pone al PSOE en el brete de abolir el Concordato con la Iglesia

 La formación de Garzón presenta una proposición de ley para revisar los Acuerdos con la Santa Sede

Alberto Garzón, antes de presentar la proposición que plantea eliminar el Concordato.
Alberto Garzón, antes de presentar la proposición que plantea eliminar el Concordato. EFE
IU insta al Gobierno a cumplir una vieja reclamación de la izquierda: denunciar el Concordato con la Santa Sede para dejar sin efecto el acuerdo de 1953 entre el Vaticano y la dictadura franquista, además de los Acuerdos del Estado y la Iglesia de 1976 y 1979. La formación de Alberto Garzón cuenta con el respaldo de Podemos en su presión a Pedro Sánchez, que se ha declarado en el pasado a favor de derogar los acuerdos con la Iglesia, aunque en el PSOE reconocen la dificultad para cumplir con la exigencia de sus principales aliados.

La propuesta de IU supondría sustituir los Acuerdos con la Iglesia en el plazo de un año por un nuevo acuerdo bilateral “basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres” basándose en la condición aconfesional de España que recoge la Constitución. El primer paso sería la denuncia de los acuerdos alcanzados, para a continuación iniciar el proceso de revisión de los pactos con la Iglesia.

Privilegios en vigor desde hace 65 años

  • El Concordato de 1953 firmado por la dictadura de Franco con la Santa Sede otorgó a la Iglesia católica privilegios como la exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local a iglesias y capillas destinadas al culto, a las residencias del obispado y universidades eclesiásticas y a los seminarios destinados a la formación del clero.
  • También establecía subvenciones para la construcción de nuevos edificios como diócesis y catedrales y el mantenimiento de su patrimonio. Otra garantía era la “inviolabilidad” de palacios y curias episcopales, seminarios, iglesias y demás complejos religiosos incluida la fuerza pública “salvo en caso de urgente necesidad”.
  • Los Acuerdos de 1979 se firmaron para adaptarlos al carácter aconfesional del Estado recogido en la Constitución. El Estado se comprometía a colaborar con la Iglesia en “su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Uno de los compromisos era asignar a la Iglesia “un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado”.
La pretensión de la dirección de Garzón es forzar al PSOE a que se retrate después de defender durante años la revisión, en términos similares al resto de la izquierda española, de la relación con la Santa Sede. “Animamos al Gobierno español a denunciar el Concordato para que impulse un acuerdo bilateral con la Santa Sede que se base en los principios de igualdad y laicidad”, explica Garzón.

El PSOE ha gobernado en España 21 años —seis más que el PP—, pero desde La Moncloa abordó en sus etapas en La Moncloa el tipo de relación con la Iglesia católica. No obstante, los socialistas incluyeron en su programa para las elecciones generales de 2016 “denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede”. Las resoluciones del Congreso Federal del PSOE de hace un año, donde Sánchez celebró su reelección como secretario general tras imponerse en las primarias a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, incidían en la misma línea. “La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”, se contempla dentro del apartado dedicado la “consolidación” de una sociedad laica.

La intención de la proposición de ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición de IU se comprende en toda su dimensión si se contextualiza con los gestos de Sánchez al sentido laico del Estado —prometió el cargo sin crucifijo ni Biblia por primera vez en democracia— en su primer mes de presidencia. La intencionalidad que se buscaba ya viene recogida en la Constitución, que en el artículo 16.3 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Asimismo, los poderes públicos “tendrán en cuenta”, según la Ley Fundamental, las creencias religiosas de la sociedad española y “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

La ausencia de objetos religiosos en la toma de posesión de Sánchez el pasado 2 de junio fue coherente con los principios que el presidente defendió desde antes de que la militancia del PSOE le eligiera secretario general de los socialistas por primera vez en julio de 2014. “No somos anticlericales, pero sí laicos (...) Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, afirmó Sánchez semanas más tarde en el congreso del PSOE en el que fue ratificado.

La “denuncia” de los acuerdos con la Santa Sede y su carácter aconfesional es un compromiso que el predecesor de Sánchez en la secretaría general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también adoptó en el congreso federal en el que se impuso en 2012 y mantuvo en sus dos años de mandato. Sánchez retomó el mismo ideario, cuya defensa resulta más compleja estando en el Gobierno que en la oposición, según reconocen cuadros socialistas de distintas federaciones.

La iniciativa de IU tiene un precedente reciente. El Congreso instó el pasado febrero al Gobierno de Mariano Rajoy a derogar los acuerdos con la Santa Sede y a sacar la religión del currículo, del horario lectivo y del ámbito escolar. La proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos y Compromís y transaccionada con el PSOE, fue aprobada en la comisión de Educación por 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

“La denuncia de los acuerdos con la Santa Sede es algo muy asumido por el PSOE desde el 39 congreso. No es que estemos de acuerdo con esta reivindicación de Unidos Podemos, es que es nuestra”, afirma el secretario de Laicidad de la ejecutiva federal del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribes, informa Elsa García de Blas. “Si queremos avanzar en muchas materias, como la educación, hay que revisarlos”, incide. Ahora bien, el PSOE considera que corresponde al Gobierno “marcar el ritmo”. “El Ejecutivo tiene que decidir si es el momento de hacerlo”, señala Rodríguez Uribes. Los socialistas entienden además que una decisión como esta requiere consenso.

El traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos refleja también la sensibilidad del Ejecutivo socialista con la memoria histórica. La proposición de ley de IU plantea el derribo de la cruz que se erige en el Valle de los Caídos y sacar del recinto los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, además de los de Franco. También incluye la creación de una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y el robo de menores. Y reconoce el derecho a una indemnización de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista hasta 1977.

sábado, 1 de febrero de 2020

Tras moitas EVASIVAS, EXCUSAS, INFORMACIÓNS FALSAS, e unha absoluta OPACIDADE na información por parte do Goberno do Concello de Cambre, imos poder informar ós veciños e veciñas de #Anceis, sobre a ➡️verdadeira situación⬅️ na que se atopa o Pabellon e os motivos que fan que non se poida poñer a disposición dos veciños, tal e como quixo Ortega.
 
La imagen puede contener: texto que dice "esquerda unida XUNTANZA INFORMATIVA convocamos a todas as persoas interesadas a unha xuntanza informativa sobre a situación actual e futura do Pabellón de Anceis INTERVIRÁN: OLGA SANTOS concelleira de EU Cambre LORETO TAIBO avogada MARÍA ROJO avogada LOCAL SOCIOCULTURAL A ROCHA martes 26 novembro, 20:00h"

Alternativa dos Veciños denunciará por vía penal y a Fiscalía el pabellón de Anceis

Advierte de "falsedad en documento público" y de "un convenio escandaloso" para lograr el terreno, a cambio de "dos parcelas urbanas en Pravio"

31.01.2020 | 21:52
Alternativa dos Veciños denunciará ante la Fiscalía y en los juzgados, por vía penal, la construcción del pabellón de Anceis, ejecutado en suelo rústico en 2017, a falta del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) necesario para su legalidad, que se aprobó en pleno este jueves con los únicos votos a favor del Gobierno local „Unión por Cambre y PSOE„ y con toda la oposición en contra. El Ejecutivo municipal de Cambre se ratificó ayer en que la aprobación del plan era "necesaria para la apertura de la instalación" y mantuvo una reunión con el vicepresidente de la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis „que recibió el donativo de Amancio Ortega para el pabellón„, Javier Mejuto, para "abordar los próximos pasos que la entidad y el Concello tendrán que dar" para abrir el polideportivo, cerrado desde su construcción a excepción de una churrascada vecinal a la que asistieron miembros del Gobierno local y la Corporación. EU insta a la oposición a estudiar medidas legales conjuntas.
El presidente del partido de la margarita y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; el portavoz de la formación en Cambre, Raúl Varela; y la concejal cambresa Sandra Sánchez, anunciaron medidas legales en una rueda de prensa ofrecida ayer en una sala de la Diputación. Denunciaron que en el proyecto incluido en la documentación para la aprobación en pleno del plan especial se incluyen fotos "de hace 20 o 30 años" fechadas en enero de 2020, y apreciaron "falsedad en documento público". "Hay delito por todos lados", sostuvo Seoane.
El líder de Alternativa mostró la portada del proyecto que recoge una foto sin el pabellón cerrado y contiene la fecha de "enero de 2020". Además, enseñó fotografías tomadas cuando la arquitecta técnica municipal acreditó el fin de la obra de la pista cubierta „proyecto autorizado, sin cierres laterales, y que sí se ajustaría a la ley„en agosto de 2017, y que ya mostraban un camión y una pala trabajando y parte del cerramiento ya ejecutado. "El Concello tenía en todo momento conocimiento de cómo estaban las obras", sostuvo. Recordó que el Ayuntamiento recepcionó la obra y la incluyó en el inventario municipal de bienes.
Advirtió, además, de que el suelo se consiguió a través de "un convenio escandaloso". Afirma que el Concello "compró un suelo rústico a cambio de dos parcelas urbanas de 600 metros cuadrados en Pravio para las que se hizo una valoración de 32.614 euros". "Entregó dos parcelas urbanas y recogió una leira. Y no sabía que en Cambre había parcelas urbanas a 16.000 euros", comentó con ironía sobre el bajo precio de la valoración de los dos suelos. "Usaron a un miembro de la asociación de testaferro", aseguró.
Seoane añadió que el arquitecto municipal titular advirtió de que se ejecutaba un pabellón sin haberse aprobado el preceptivo plan especial antes de dejar su plaza, que ocupa un interino que firma informes clave en el proceso. Contradijo al concejal de Urbanismo de Cambre, Juan González Leirós, al asegurar que la Xunta desconoce la situación, como le aseguró la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, el viernes de la semana pasada, afirmó.
El Gobierno local de Cambre explicó ayer en un comunicado de prensa, tras reunirse con el representante de la asociación de Anceis, que "ahora se deberá presentar el proyecto de legalización del cierre de la pista". "Una vez que se compruebe que se ajusta al Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, se concederá la habilitación de esta instalación. Cumplidos estos dos primeros puntos, la Asociación Cultural e de Ocio de Anceis cederá el resto de la instalación al Concello", apunta. "Al rematar este proceso, el pabellón podrá abrirse para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas", añade el Gobierno local.
La concejal de EU, Olga Santos, ha solicitado una reunión con los grupos de la oposición para "concretar las acciones legales pertinentes, así como los responsables de las mismas". "Tenemos la obligación de velar por la ética y la legalidad e de actuar conjuntamente en la defensa del interés general", sostiene la edil.

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