Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, considera que “es la educación pública la que está en auténtica situación de vulnerabilidad”, puesto que su financiación se ha recortado en los últimos 10 años, mientras ha subido un 25% la financiación pública de la educación concertada. Este es uno de los motivos por los que reclama que el dinero público de las distintas administraciones con competencia en esta materia “se destine a la educación pública”.
Enrique Díez, responsable federal del Área, apunta, además, que “una adecuada lucha contra la segregación escolar empieza por garantizar una red pública única que no discrimine a nadie”. A su juicio, el modelo concertado “es la base de la segregación escolar más consolidada y duradera que se mantiene en este país; segregación por clase social, por ideología religiosa o por recursos económicos”.
El Área Federal de Educación de IU considera que el alumnado en situación de vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o en desventaja “tiene las puertas abiertas de los centros públicos, mucho más si se les dota adecuada y suficientemente”. El 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública.
Los recursos económicos necesarios para dotar actuaciones de este tipo, al igual que conseguir un sustancial incremento del personal docente en el próximo curso escolar, deben provenir de tres fuentes: “del ‘fondo covid’ de 1.600 millones de euros del Gobierno de coalición que se entregará en septiembre, de los fondos europeos específicos para Educación provenientes del acuerdo alcanzado la semana pasada y de los propios presupuestos de las consejerías de Educación de las comunidades”.
Díez expone que “la educación de titularidad y gestión pública es la única que garantiza la educación como un derecho universal y no como un negocio o una inversión ideológica o de adoctrinamiento en creencias. También es la única que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de la ONU y la UNESCO, así como de la propia Constitución Española, que exigen que este derecho universal se garantice mediante un servicio público”.
Frente a los que hacen lecturas sesgadas e interesadas, Izquierda Unida recuerda que “en modo alguno, ni en la Constitución ni en el Derecho comparado, se contempla la posibilidad de que se deban destinar ayudas públicas a quien elija un centro privado, ni que éstos deban ser financiados con fondos públicos. (‘Los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales’ Tribunal Constitucional [Sentencia 86/1985, 10 julio, Sala Segunda]).
“Debemos superar ya la anomalía obsoleta de la educación concertada en España, en pleno siglo XXI. En países de la Unión Europea como Francia, Holanda, Alemania, Austria, Suecia, la católica Italia o Finlandia, entre otros, la educación es fundamentalmente pública. Lo es en 89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España”, detalla Enrique Díez.
Para el Área Federal de Educación de IU “no hay razón que justifique a día de hoy la financiación pública de los centros concertados. El sistema de conciertos educativos se planteó como una medida transitoria, como complemento a una red pública dada la insuficiencia de centros públicos a principios de los años 80, cuando el derecho a la Educación se hizo universal. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública hace que mantener esas unidades escolares en centros concertados sea injustificable, salvo por razones ideológicas vinculadas al capitalismo neoliberal”.
Enrique Díez advierte de que “la financiación que han mantenido los anteriores gobiernos de esa doble red lleva al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social, ya que introduce lógicas de competición, de gestión privada y comerciales en un derecho social y en un servicio público como es la educación pública”.
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