El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, pagó la minuta del abogado que llevó la defensa en el caso del pabellón de Anceis, en el que toda la oposición cambresa denunció al regidor y al concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, por la construcción ilegal del polideportivo y por el cual fueron citados como investigados (antes imputados) el responsable del área urbanística y la arquitecta técnica municipal. El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña dictó que se había cometido “una ilegalidad administrativa”, pero archivó la causa porque había sido “subsanada” con la aprobación en pleno del plan especial que legalizaba la construcción, al que dio luz verde de forma definitiva el Gobierno local —PSOE y UXC— con toda la oposición en contra, en enero de 2020. Patiño reclama ahora, dentro de su derecho legal, que el Concello abone los gastos de esa minuta, de los 3.968,13 euros que costaron los servicios del abogado, José Luis Gutiérrez Aranguren. Para ello, llevará las facturas y la solicitud a pleno.

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El regidor asegura que asumió él mismo el pago “por una cuestión de operatividad y practicidad” y apunta que, en principio, se preveía que declararan en sede judicial él, Leirós y la funcionaria, aunque el juzgado dejó a Patiño fuera de la causa. Las facturas, sin embargo, son posteriores a la fecha en que se emitió la providencia por la cual el juzgado citaba como investigados a Leirós y a la arquitecta técnica y dejaba fuera a Patiño. El escrito judicial data del 2 de noviembre de 2020, mientras que la primera factura data del día 11 de ese mes, por importe de 1.500 euros, y la segunda, del 12 de febrero de 2021, por 2.420 euros. Una tercera factura, un poder notarial para pleitos, por 48,13 euros, es del 19 de octubre.

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Esquerda Unida (EU) ha presentado un voto particular a la propuesta de indemnización de los gastos jurídicos en el que reclama que sea Leirós quien asuma el pago de la minuta, “como máximo responsable de las diferentes irregularidades cometidas en el proceso” y “con pleno conocimiento de la situación”. La portavoz de EU, Olga Santos, que presenta el escrito, advierte de la “confusión entre el carácter personalísimo de la responsabilidad penal y la defensa conjunta de dos cargos políticos y una funcionaria”, critica que se presente un pago conjunto cuando la aprobación de la indemnización de los costes de representación legal de la funcionaria compete al alcalde y los de Leirós, como cargo político, al pleno. Señala que el alcalde pagó la primera factura dos días antes de que se emitiera, incide en que Patiño “no necesitó defensa jurídica por no ser investigado” y reprocha que “no existe forma de saber qué se está abonando”, porque las facturas no especifican a quién se defendió. Añade que, a día de hoy, en el inventario no existe ningún pabellón cerrado en Anceis, sino una pista, la que se recepcionó en 2017. “No pueden ser los vecinos y vecinas los que tengan que pagar las ilegalidades cometidas por los gobernantes que, con conocimiento demostrado y reconocido de dichas ilegalidades, pretenden que se les abone su defensa legal”, sostiene Santos.

El BNG considera el caso “un completo y absoluto escándalo”. “¿Dónde queda la independencia funcionarial, el papel de la Administración pública y la confianza de la ciudadanía en la Administración más próxima?”, se pregunta el portavoz, Dani Carballada. Ve “sangrante” que “el mismo Gobierno local que lleva a pleno una moción en apoyo al funcionariado se dedique a pagar las facturas de defensa a personal funcionario del Concello”.