Oviedo presentará una batalla legal contra el negocio de la Iglesia
El ayuntamiento intentará cobrar el IBI de bajos comerciales y pisos alquilados por los que el Arzobispado recibe ingresos // Somos exhibe el apoyo de cristianos de base
SUSANA D. MACHARGO
@SMACHARGO
SÁBADO 03 DE OCTUBRE DE 2015
El anuncio del cobro del IBI a los edificios propiedad de confesiones religiosas que no están dedicados al culto no es un brindis al sol. El Ayuntamiento de Oviedo está dispuesto a llegar a los tribunales para tratar de cobrar esos recibos de la contribución. El Gobierno local no ve motivo para eximir de las ordenanzas a bajos comerciales o pisos alquilados --o que pueden alquilarse-- propiedad de la Iglesia, que incluso le reportan unos ingresos corrientes. Aunque existe una sentencia del Tribunal Supremo, del año 2014, que en principio parece ratificar la exención de la que disfruta desde hace décadas, el tripartito también muestra fallos judiciales en primera instancia en Galicia que dicen lo contrario. Un grupo de municipios gallegos ha abierto un camino que Oviedo espera recorrer también.
El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, puntualiza dos aspectos relacionados con el cobro de la contribución a la Iglesia. En primer lugar, espera que la batalla judicial no sea necesaria, porque el Arzobispado de Oviedo dé ejemplo al resto de la ciudadanía y acepte pagar el IBI de todo ese listado de propiedades que nada tiene que ver con el culto. Además, puntualiza que entre los concejales y las militantes de los tres partidos que integran el Gobierno ovetense hay cristianos de base que apoyan su decisión de acabar con la exención, "porque no creen que haya motivos para mantener esos privilegios". El concejal también quiere dejar claro que tras esta determinación no se esconde ningún afán recaudatorio. De hecho, ni siquiera ha cálculado cuántos ingresos puede suponer para el consistorio. Es más bien, un tema de filosofía política. "No tratamos cubrir ningún agujero presupuestario. Es algo de justicia, de igualdad", ha explicado.
El ayuntamiento no se puso en contacto con la Iglesia asturiana antes de modificar las ordenanzas fiscales para 2016. El Gobierno local no cree que hubiese ningún motivo para advertir por adelantado a una organización de carácter privado. Rosón insiste en que su única obligación es "girar el recibo cuando llegue el momento" de todas aquellas propiedades que nada tienen que ver con el culto, como son los bajos, pisos o solares repartidos por todo el municipio, y de los que además se está lucrando. No descarta el entendimiento, a priori. Confía en que pueda pasar algo similar a lo que sucedió en julio con la subvención de 20.700 euros que el cabildo de la Catedral recibió durante más de una década y a la que renunció de forma voluntaria, por la polémica que se formó. El cobro de entradas en la Catedral alimentó ese debate.
El planteamiento es a largo plazo. Si finalmente el Arzobispado no asume la decisión del ayuntamiento y recurre a los tribunales, el Gobierno local mantendrá sus argumentos en sede judicial y en las instancias en la que sea necesario. "Si, por lo que sea, no se cobra en el 2016, será al año siguiente o al siguiente. Pero no hay motivos para mantener unos privilegios que nada tienen que ver con el culto", explica.
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