Nace el primer Ministerio de Consumo y las asociaciones piden recuperar competencias para proteger a los más vulnerables
Madrid
El consumo ganará peso en el nuevo Gobierno con la creación de un ministerio específico, la primera vez que ocurre en democracia -hasta ahora estaba dentro de Sanidad como una dirección general-. ¿A qué retos se enfrentará el nuevo ministro, que según fuentes próximas a la negociación será Alberto Garzón? Las principales asociaciones de consumidores piden al Ejecutivo recuperar competencias sancionadoras -ahora en manos de las comunidades autónomas- para que el departamento pueda multar a empresas que realizan fraudes masivos en toda España, clarificar cuáles son los consumidores vulnerables que necesitan una especial protección, poner en marcha una ley de transparencia en los contratos e impulsar el consumo responsable.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, valora el nuevo ministerio como algo muy positivo y pide aprovechar la oportunidad para avanzar en la defensa de los consumidores: “No tendría lógica tener un ministerio con competencia exclusiva en consumo que no desarrollará políticas efectivas”. Para eso, opina, hace falta que el Gobierno también pueda multar. “La competencia sancionadora en materia de consumo la tienen las comunidades autónomas y nosotros pedimos que las competencias sean compartidas, es decir, que el Ministerio de Consumo también pueda sancionar a compañías que cometen fraudes en varias comunidades autónomas, como las grandes empresas de telefonía, de gas, de electricidad, los bancos…”, explica Sánchez. “Tal y como está la legislación hoy, si los consumidores sufren un fraude, habría que abrir un expediente en cada comunidad, es decir, 17 expedientes. Eso es poco operativo y absurdo. Sería más eficaz que el Ministerio de Consumo tuviera esa capacidad sancionadora a nivel nacional, sin quitarle la capacidad sancionadora a las comunidades”, añade.
Este cambio requeriría de una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 2007. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), coincide en que si el ministerio recuperara la capacidad de sanción se podría luchar mejor contra los fraudes de ámbito nacional. Además, solicita eliminar los obstáculos con los que se encuentran las acciones colectivas para llevar a los tribunales este tipo de abusos.
Mientras se cambia la ley, el portavoz de Facua considera que el nuevo ministro debería aprovechar las competencias que ya tiene el departamento para emprender acciones judiciales contra las cláusulas abusivas. “El Gobierno puede llevar a los tribunales este tipo de fraudes, pero no se hace. Llevamos décadas viendo cómo hay prácticas fraudulentas de grandes empresas y el Gobierno de turno no actuaba contra ellas”, dice Sánchez.
La OCU pide sancionar la obsolescencia programada o sobrevenida. “Se debe obligar a los fabricantes a que informen sobre la vida útil del producto y favorecer las alternativas más eficientes para usar mejor los recursos”, dice García. La OCU pone el foco también en que es necesario definir qué es un consumidor vulnerable, es decir, aquel que por sus capacidades económicas necesita de una especial protección. “Eso permitiría establecer niveles superiores de amparo y exigir requisitos específicos para los contratos destinados a estas personas”, añade el portavoz.
Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), considera que “España se puede poner a la vanguardia de la defensa de los consumidores” si el nuevo departamento consigue desarrollar normativas en materias transversales como energía, bancos, telecomunicaciones, transportes… “En primer lugar, tiene que poner en marcha la Agencia de Protección de los Consumidores Bancarios y Financieros, que se debería haber creado en 2017 a instancias de la Unión Europea y seguimos esperando”, dice Pardos. Con este organismo, “será más fácil luchar contra problemas como los de las cláusulas suelo o las preferentes, que han afectado a cientos de miles de españoles”. Además, el presidente de Adicae pide aprobar una ley de transparencia en los contratos para clarificar este tipo de documentos e impedir las cláusulas abusivas.
La presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Itziar Marín, pide por su parte cambiar la normativa para que las resoluciones de los distintos organismos de consumo -estatales, autonómicos y municipales- sean vinculantes. “Si me cancelan un vuelo por ‘overbooking’ y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea me da la razón, puede decir que la compañía me devuelva el dinero. Pero si la empresa se niega, tengo que ir a juicio para hacer valer mis derechos. Para evitarlo y facilitar las cosas, las resoluciones de este tipo de organismos tienen que ser vinculantes”, dice Marín. Además, considera que se puede avanzar en la regulación de las actividades de consumo en internet: “La tecnología va más rápido que la regulación, así que hay que actualizarse continuamente”. En su opinión, el futuro ministro tiene competencias “de sobra”: “etiquetados de alimentos, páginas web, seguridad de los productos, fomentar la protección del consumidor, impulsar el arbitraje…”. Además, hace falta “mayor coordinación con las comunidades autónomas”.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua, valora el nuevo ministerio como algo muy positivo y pide aprovechar la oportunidad para avanzar en la defensa de los consumidores: “No tendría lógica tener un ministerio con competencia exclusiva en consumo que no desarrollará políticas efectivas”. Para eso, opina, hace falta que el Gobierno también pueda multar. “La competencia sancionadora en materia de consumo la tienen las comunidades autónomas y nosotros pedimos que las competencias sean compartidas, es decir, que el Ministerio de Consumo también pueda sancionar a compañías que cometen fraudes en varias comunidades autónomas, como las grandes empresas de telefonía, de gas, de electricidad, los bancos…”, explica Sánchez. “Tal y como está la legislación hoy, si los consumidores sufren un fraude, habría que abrir un expediente en cada comunidad, es decir, 17 expedientes. Eso es poco operativo y absurdo. Sería más eficaz que el Ministerio de Consumo tuviera esa capacidad sancionadora a nivel nacional, sin quitarle la capacidad sancionadora a las comunidades”, añade.
Este cambio requeriría de una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 2007. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), coincide en que si el ministerio recuperara la capacidad de sanción se podría luchar mejor contra los fraudes de ámbito nacional. Además, solicita eliminar los obstáculos con los que se encuentran las acciones colectivas para llevar a los tribunales este tipo de abusos.
La OCU pide sancionar la obsolescencia programada o sobrevenida. “Se debe obligar a los fabricantes a que informen sobre la vida útil del producto y favorecer las alternativas más eficientes para usar mejor los recursos”, dice García. La OCU pone el foco también en que es necesario definir qué es un consumidor vulnerable, es decir, aquel que por sus capacidades económicas necesita de una especial protección. “Eso permitiría establecer niveles superiores de amparo y exigir requisitos específicos para los contratos destinados a estas personas”, añade el portavoz.
Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), considera que “España se puede poner a la vanguardia de la defensa de los consumidores” si el nuevo departamento consigue desarrollar normativas en materias transversales como energía, bancos, telecomunicaciones, transportes… “En primer lugar, tiene que poner en marcha la Agencia de Protección de los Consumidores Bancarios y Financieros, que se debería haber creado en 2017 a instancias de la Unión Europea y seguimos esperando”, dice Pardos. Con este organismo, “será más fácil luchar contra problemas como los de las cláusulas suelo o las preferentes, que han afectado a cientos de miles de españoles”. Además, el presidente de Adicae pide aprobar una ley de transparencia en los contratos para clarificar este tipo de documentos e impedir las cláusulas abusivas.
La presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Itziar Marín, pide por su parte cambiar la normativa para que las resoluciones de los distintos organismos de consumo -estatales, autonómicos y municipales- sean vinculantes. “Si me cancelan un vuelo por ‘overbooking’ y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea me da la razón, puede decir que la compañía me devuelva el dinero. Pero si la empresa se niega, tengo que ir a juicio para hacer valer mis derechos. Para evitarlo y facilitar las cosas, las resoluciones de este tipo de organismos tienen que ser vinculantes”, dice Marín. Además, considera que se puede avanzar en la regulación de las actividades de consumo en internet: “La tecnología va más rápido que la regulación, así que hay que actualizarse continuamente”. En su opinión, el futuro ministro tiene competencias “de sobra”: “etiquetados de alimentos, páginas web, seguridad de los productos, fomentar la protección del consumidor, impulsar el arbitraje…”. Además, hace falta “mayor coordinación con las comunidades autónomas”.
Otro de los temas que adquirirá mayor relevancia será el consumo responsable. “El consumo ecológico se ha convertido ya en una cuestión vital para toda la sociedad y se puede impulsar desde el nuevo departamento”, explica Pardos. “Se debería fomentar un tipo de consumo más racional, pero sobre todo que los consumidores se organicen”, señala Sánchez. En este sentido Concepción Fabeiro, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), opina que entre las competencias del ministerio se debería incluir "promocionar y dar mucha información a la ciudadanía sobre consumo responsable, ecológico, de temporada y local", para lo cual debería contar con las entidades del sector.
Según fuentes conocedoras de la negociación, el Ministerio de Consumo incorporará competencias para regular el juego y las casas de apuestas, que en la actualidad dependen de Hacienda y están en gran parte transferidas a las comunidades autónomas. Aunque no es un tema clásico de consumo, las asociaciones de consumidores se muestran favorables a una mayor regulación. “Hay que acabar cuanto antes con los anuncios de juego en horario infantil, que en la actualidad se permiten por falta de normativa”, dice García, de la OCU. “Habría que prohibir la publicidad del juego al mismo nivel que la de tabaco”, añade Sánchez. “Es fundamental que se regule mejor el sector, que está arruinando a miles de familias, y que los chavales no se encuentren una sala de juego al salir del instituto”, tercia Marín, de CECU.
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