IU propone un mínimo vital de electricidad y agua garantizado
El partido presenta un plan de "emergencia social" con un coste de 52.000 millones de euros que se financiaría con nuevos impuestos
Alberto Garzón en la sede de Izquierda Unida con motivo de la convocatoria de las elecciones generales. / ÁLVARO GARCÍA
Izquierda Unida propone un suministro vital básico garantizado de electricidad y agua gratuito para quienes no tienen ingresos y con una tarifa social en función de la renta para quienes estén en situación de pobreza. La medida es parte de un plan de "emergencia social" elaborado por la federación de izquierdas que será presentado en la tarde del jueves por Alberto Garzón y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El programa contempla también propuestas como la creación de un millón de empleos públicos, una renta mínima garantizada de 529 euros mensuales, la revalorización de las pensiones mínimas o la subida del salario mínimo interprofesional de forma gradual hasta los 1.176 euros en 2019. El coste total del plan, que beneficiaría a 16 millones de personas con una inversión de 52.000 millones de euros, se financiaría con nuevos impuestos como uno extraordinario sobre incremento patrimonial, la subida del impuesto de sociedades o un nuevo tributo sobre la riqueza. Estas son las principales medidas:
- Renta mínima garantizada de 529 euros mensuales para dos millones de personas sin ingresos. Los beneficiarios serán quienes tengan ingresos inferiores al 70% del salario mínimo. Coste: 12.600 millones.- Creación de un millón de empleospara servicios sociales. El plan de "trabajo garantizado" de IU contempla un millón de nuevos empleados públicos con salarios comprendidos entre los 900 y 1.200 euros mensuales en jornadas de 35 horas semanales. Las actividades a desarrollar serían de servicios sociales, protección de medio ambiente, construcción de infraestructuras y servicios culturales y deportivos. Coste: 15.416 millones de euros.
- Revalorización de la pensión mínima. La pensión de jubilación con cónyuge no a cargo será equivalente al salario mínimo anual, y la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Según el partido, tres millones de pensionistas resultarían beneficiados por esta medida con un coste de 2.065 millones de euros.
- Subida progresiva del salario mínimo hasta 1.176 euros en 2019. El salario mínimo comenzaría subiendo a partir del uno de enero de 2016 a 774 euros en 14 pagas, para pasar a 890 euros en 2017 y a 1.023 euros en 2018. Beneficiaría a dos millones de personas y no tendría coste público.
- Empleos de seis meses prorrogables a parados de larga duración. IU propone contratos de 35 horas semanales en actividades "no estructurales" competencias de los Ayuntamientos durante seis meses, prorrogables, con remuneración de 700 euros mensuales, para 600.000 parados de larga duración. Coste: 8.900 millones de euros.
- Suministro vital básico de energía y agua. La federación de izquierdas plantea establecer una tarifa por tramos sociales contra los cortes de agua y la pobreza energética que sufren, según sus cifras, 1,4 millones de hogares. De esta forma, se decretaría un "mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado" —que no concretan— cuya tarifa sería en función de la renta. El mínimo vital de suministro de agua sería de 60 litros al día, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud. A partir de este consumo vital básico, "la tarifa se incrementaría penalizando el consumo excesivo y primando el ahorro y la eficiencia", señala el documento del plan. Hasta tres millones de personas serían las beneficiarias de esta medida, que sería totalmente gratuita "para todas aquellas personas que no tengan ingresos" y de tarifa "súper reducida" —sin especificar— "para las que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social", otro medio millón de personas beneficiadas. Bono de transporte público gratuito para quienes no tengan ingresos y tarifa "súper reducida" -de nuevo, sin especificar- para quienes estén en situación de pobreza. El coste ascendería a 2.520 millones de euros.
- Paralización de los desahucios, creación de un parque de viviendas sociales en alquiler y de un "banco bueno" cuyo objetivo sea "comprar parte de las deudas hipotecarias de las familias, pequeñas empresa y autónomos más vulnerables". El coste: 1.320 millones.
- Aumento de los recursos contra la violencia de género, permiso de paternidad igualado al de maternidad (16 semanas, de forma progresiva) e incrementar las cuantías y la cobertura de la prestación económica por hijo a cargo de la Seguridad Social (de los actuales 291 hasta 1.200 euros al año) para los niños y las niñas con menos recursos. Coste: 3.299 millones.
- Escolarización pública de cero a tres años. Coste: 5.143 euros.
- Ayudas a autónomos y PYMES, con una reforma legislativa para introducir un límite máximo de 30 días en el pago de las administraciones públicas y de las grandes empresas, "bajo pena de importantes sanciones" y subvención durante dos años de parte de la remuneración de nuevos empleados (30% de la retribución bruta hasta un máximo de 6.000 euros al año; 20% para el segundo año). Coste: 1.230 millones.
IU plantea financiar este plan con una reforma fiscal que lograría recaudar hasta 64.505 millones de euros, según su estimación. El partido propone la creación de un impuesto extraordinario por una sola vez sobre los incrementos patrimoniales obtenidos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, a partir de 100.000 euros de incremento. IU propone una subida del impuesto de sociedades para que tributen al 35% las bases imponibles superiores a un millón de euros, un nuevo impuesto a las transacciones financieras y un nuevo tributo sobre la riqueza (que sustituiría al actual impuesto sobre el patrimonio, con mínimos exentos similares pero tipos efectivos "superiores para mejorar la progresividad"). El partido restringiría las SICAV y crearía nuevos impuestos sobre bienes suntuarios, viviendas vacías y grandes establecimientos de negocios. La federación de izquierdas confía en que su plan de "trabajo garantizado" propicie una recaudación adicional de 11.500 millones de euros, y la lucha contra el fraude otros 16.377 millones.
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