Izquierda Unida responsabiliza a la FEMP de actuar como "simple manijero de los intereses de las multinacionales del agua al propiciar los "desahucios hídricos"
El Área de Medio Ambiente y la Secretaría Federal de Política Municipal de IU denuncian que la “privatización del agua está provocando un auténtico sabotaje a las rentas de las familias; más de 9.200.000 ciudadanas/os tienen problemas para pagar el recibo, además de que los cortes de agua por impago se disparan con la crisis”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Medio Ambiente y de la Secretaría de Política Municipal, responsabiliza a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de estar actuando como “simple manijero de los intereses de las compañías multinacionales del agua y en contra de los de la ciudadanía para propiciar lo que podíamos denominar como ‘desahucios hídricos’”, algo especialmente grave cuando se arrastra una prolongada crisis económica que ha puesto en peligro los recursos de millones de familias.
La FEMP, entidad que integra a las entidades municipales y provinciales españolas, ha realizado un informe conjuntamente con la patronal de las entidades gestoras de agua –la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)- en el que insta a cortar el suministro a las familias que se retrasen en el pago de la factura, entre otras propuestas.
Eva García Sempere, coordinadora del Área de Medio Ambiente, y Manuel Fuentes, responsable de Política Municipal de IU, denuncian que la “privatización del agua está provocando un auténtico sabotaje a las rentas de las familias; más de 9.200.000 ciudadanas/os tienen problemas para pagar el recibo, además de que los cortes de agua por impago se disparan con la crisis”. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años.
En el documento conjunto de la FEMP y los empresarios del agua ‘Recomendaciones técnicas para la Regulación del Servicio de Abastecimiento Urbano’ –se acompaña en un archivo adjunto- se detalla con claridad que ‘se recomienda que la entidad gestora siga los procedimientos o trámites, legales o regulados, previstos al efecto: Deberá comunicar al Cliente, en la dirección de contactos indicada por éste por los medios apropiados y de forma diligente, los motivos y hechos que justifiquen la suspensión o corte de suministro, así como el plazo, que no podrá ser inferior 15 días para que el Cliente proceda a la subsanación de los motivos y hechos que lo motivan’.
Además, se especifica los pasos a seguir ‘en el caso de suministro por falta de pago’. Estas normas establecen que ‘si en el plazo de 20 días de ser presentado el recibo a su cargo no es satisfecho por el Cliente, se iniciará el procedimiento de corte’. Un corte que sólo se paralizaría en caso de que el abonado presente una reclamación ante la entidad gestora.
Para volver a tener derecho al acceso al agua habrá que pagar y será la entidad gestora la que volverá a dar el servicio, ‘cobrándose los gastos ocasionados por la realización del corte y su restablecimiento’. También se detalla con meridiana claridad que de no abonarse la factura durante dos recibos consecutivos tras el corte del suministro, se dará por extinguido definitivamente el contrato.
García Sempere y Fuentes consideran que “actuaciones de esta naturaleza suponen una nueva prueba de la política de tala y quema que se perpetra contra los derechos de los ciudadanas/os durante la crisis, así como del fomento de las abusivas políticas neoliberales que hacen determinadas instituciones. Tratan de convertir a los ciudadanos en simples clientes”.
Desde el Área Federal de Medio Ambiente y de la Secretaría de Política Municipal de IU recuerdan que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho al agua a través de su Resolución 64/292. En ella se exhorta a los poderes públicos a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento accesible y asequible para todos.
“La FEMP, en vez de seguir los dictados de la patronal, debería de fomentar fórmulas para que los ayuntamientos implementasen el abastecimiento del mínimo vital de suministro de agua a las personas que, a causa de la crisis, no pueden afrontar los pagos”, señala IU.
Izquierda Unida considera, asimismo, que “el ‘Pacto por el Agua Pública’ es un motor para un nuevo modelo de gestión 100% público, eficaz y transparente”. Entre las principales propuestas del acuerdo destacan:
• Los servicios de agua tienen que ser siempre 100% públicos, por lo que se rechaza el acceso de empresas privadas a su accionariado en cualquier proporción.
• La gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos, de calidad, seguros y estables. Las personas trabajadoras también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.
• Uno de los principios básicos es el de la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece que se asegurará una dotación mínima (entre 60 y 100 litros por persona y día), incluso en caso de impago.
• Los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.
• Fomentar nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio)
Eva García Sempere y Manuel Fuentes señalan que “el pacto y la remunicipalización de los servicios públicos, como el agua, serán uno de los ejes del programa de Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones municipales”.
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